lunes, 4 de noviembre de 2019

FIN DE TEMPORADA


El tradicional enfrentamiento entre el movimiento ecologista y el poder económico-político establecido, continúa en su capítulo del valle de Castanesa.
De un lado, aquel usa las armas de que dispone para proyectar su modelo de vida y explotación racional y respetuosa del territorio. Para ello se usan las redes sociales y los tribunales de justicia, no sin antes intentar sensibilizar a los grupos políticos del arco parlamentario. Todo ello con alguna que otra charla-debate y la concentración oportuna con sus oportunas pancartas, como forma de visibilizar sus ideas en un territorio cuyos habitantes consumen con escasa capacidad de crítica el relato social de la oligarquía comarcal.

Del lado de quienes se sienten “legitimados” por razón de nacimiento y tradición a decidir cómo se deben hacer las cosas, se usan parecidas estrategias, incluidas las concentraciones más o menos mayoritarias, a las que acuden alcaldes próximos y representaciones de todos los partidos a los que auspicia la misma oligarquía.
Los ecologistas apelarán a la sinrazón que supone el hecho de que apoye la postura de los “legitimados” un alcalde, como el de Pont de Suert nacido en Denuy, casado en Noales y convertido al independentismo. No parece muy coherente apoyar las reivindicaciones para mantener abiertos los hoteles de Boí-Taüll en base al desarrollo de la Ribagorza Catalana y a la semana siguiente, rogar a los dioses de la política y el socialismo que se abra la estación de Cerler por Castanesa. Parecería más razonable que se buscaran estrategias comunes entre ambas CC.AA de desarrollo territorial antes que favorecer una competencia entre dos instalaciones cercanas y deficitarias que en última instancia solo beneficiará a alguna empresa.
En contrapartida, no faltará quien acuse a los ecologistas de negar el derecho al desarrollo de los pueblos pequeños y se enfatizarán las penalidades de la “España Vaciada”, la nueva muletilla con la que los “legitimados” maquillan sus 40 años de gestión vaciadora.
Los ecologistas hablarán de cambio climático y se preguntarán de donde se piensa sacar el agua para la innivación artificial de lo que tampoco la Confederación Hidrográfica del Ebro parece tener conocimiento.
La respuesta a este argumento puede ir en forma de acusación de innecesario alarmismo y a lo mejor se mete en el guiso al lobo y al oso como metáfora de que “los de fuera” vienen a alterar la paz en estos bellos valles.
Es posible que los ecologistas pasen la factura de lo que nos habríamos ahorrado los españoles si se hubiera aplicado el principio de cautela en algunos casos tan llamativos como el Mar Menor de la lejana Murcia o el lindano del cercano Gállego. En ambos casos hubo voces ecologistas, calificadas por sus conciudadanos de retrógradas y negadoras del progreso, que de haberse escuchado habrían evitado dos catástrofes medioambientales y un tremendo desembolso de dinero público que se podría haber empleado en mejores objetivos.
En este trastorno bipolar que parece aquejar a la población de los cauces altos del Esera y el Noguera Ribagorza crecen otras pandemias como los intereses de los clanes de aquí y los de empresas con sede en Madrid, hundidas y reflotadas que quieren especular aquí y disfrutar de sus beneficios allende los mares.
En toda esta turbamulta de intereses, tópicos, tradiciones e innovaciones, alguien debería apostar por la racionalidad y el respeto hacia la legislación y hacia la propia naturaleza. Ese mismo alguien debería modular los legítimos intereses empresariales con los, igualmente legítimos de quienes creen que el desarrollo del medio rural es mucho más amplio que la compra-venta del suelo y las recalificaciones de terrenos. Tal vez el “alguien” aragonés debería colaborar con otros “alguien” de cataluña y pensar un modelo colaborativo y evitar una burda competencia que como todo río revuelto solo genera peces para muy pocos pescadores.
No debía ser de recibo para nadie de uno y otro lado, los incumplimientos que se están tolerando: comenzadas las obras desde el collado de Basibé, no se tiene la menor información sustancial del proyecto, a estas alturas no se sabe si la Consejería de Vertebración del Territorio ha aprobado el cambio de promotor ni si ha aprobado el escueto plan de obras. No se conocen, porque no se facilitan, los estudios de fauna y flora y si han presentado o piensan presentar las necesarias modificaciones del PIGA  porque las obras que se van a hacer tienen poco que ver con el Proyecto de Interés General para Aragón que se aprobó. Por no saber no se sabe ni de donde se va a sacar el dinero.
Con la cercana experiencia de las pistas de la Vall Fosca y las vicisitudes por la que atraviesa la vecina Boí-Taüll desde hace 10 años, todos los agentes que participan en este, ya largo proceso, debería ser mucho más exigentes.
Si los sectores sociales y económicos responsables de la Estación de Cerler consideran que se debe ampliar el dominio esquiable, se debería redactar un proyecto concreto, bien definido y argumentado, con sus estudios nivológicos y sus balances coste-beneficio. Se debería someter a una verdadera información pública y se deberían cumplir los condicionantes legales y medioambientales que la normativa exige como garantía de que el bien común no sea subsidiario del interés de ninguna empresa ni grupo de presión de aquí o de allá.
Las cuencas altas del Esera y el Noguera Ribagorzana tienen todo el derecho a un desarrollo endógeno en el que el aspecto económico, por importante, no lo es más que el desarrollo integral del colectivo en el ámbito social, político, natural y también cultural. De igual forma el resto de aragoneses tienen el mismo derecho a conocer como se invierte cada euro del presupuesto de su Comunidad, a conocer y a valorar el modelo de desarrollo con que se pretende gestionar el patrimonio natural del que solo deberíamos sentirnos temporales administradores.