domingo, 16 de noviembre de 2014

MANIFIESTO

Este es el texto que aportamos desde aquí para que el Congreso Confederal de Ec. en Ac., que se reunirá en Lizarra (Estella), pueda realizar una resolución en contra de las Interconexiones con Francia a través de Autopistas Eléctricas.

 MANIFIESTO

Ante las intenciones del Gobierno español y de Red Eléctrica de España de construir tres nuevas interconexiones eléctricas con Francia (LATs de 400 kV) a través del Pirineo central, que esta empresa denomina Navarra/Euskadi-Burdeos, Sabiñánigo-Marsillon y Monzón-Cazaril (antigua Aragón-Cazaril),

CONSIDERAMOS que los proyectos de nuevas líneas de alta tensión suponen, en general:
1.     Un acto de premeditada irresponsabilidad, visto el modelo de desarrollo insostenible actual y dado el compromiso de organismos nacionales e internacionales de impulsar el ahorro energético y el uso de energías alternativas y / o renovables, más eficientes y racionales económica y ecológicamente.
2.     Una grave amenaza para la salud de la población expuesta a los efectos nocivos derivados de los campos electromagnéticos, demostrados por numerosos estudios científicos de reconocida solvencia, por los informes de instituciones, tanto publicas, como privadas, que muestran claros indicios de perjuicios sanitarios, y por la realidad actual en muchos estados, que, preventivamente, en virtud del Principio de Precaución, han regulado su impacto sobre la salud pública.
3.     Una agresión irreparable contra el medio ambiente, tanto desde el punto de vista del impacto paisajístico, como por sus graves afecciones sobre el ecosistema (impactos negativos sobre la avifauna y la biodiversidad, erosión, deforestación, aumento de riesgo de incendios forestales, etc.)
4.     Una gran pérdida económica, al afectar negativamente a la calidad de vida, a la calidad medioambiental y al paisaje (recursos determinantes del impulso turístico); a las actividades agropecuarias y a los aprovechamientos forestales, e, incluso, al valor de las propiedades que se ubican en la cercanía de dichas líneas.
5.     Una hipoteca a perpetuidad en el uso del suelo, debido a los derechos que adquieren las compañías eléctricas, como servidumbres de paso y reducción de otras actividades económicas.
6.     Un instrumento activo en la nuclearización del planeta, ya que se precisan para el transporte de la energía eléctrica procedente de centrales nucleares y promueven o favorecen su construcción en países del tercer mundo o en vías de desarrollo (como se puede deducir de los proyectos que persiguen un mercado único de la energía entre Europa y África).

POR TODO ELLO,  RECLAMAMOS:

1.     Una normativa de regulación de las líneas de alta tensión existentes en todo el territorio, que ofrezca soluciones reales a los efectos nocivos sobre la salud de las personas y el medio ambiente de acuerdo con los criterios de la actual coyuntura europea.

2.     Una moratoria de 10 años contra la construcción de nuevas líneas de alta tensión, durante la cual deberá concretarse y aprobarse la nueva normativa sobre la construcción de líneas de alta tensión, a fin de reordenar y optimizar el conjunto de la red, teniendo en cuenta los criterios señalados de afección a la salud y al medio ambiento. En este periodo habría que ejecutar, en particular, la retirada, desplazamiento o solución técnica más adecuada para minimizar sus impactos, suprimiendo, igualmente, las instalaciones de transformación existentes en zonas habitadas, trasladándolas a otras ubicaciones, de forma que no representen ningún riesgo para las personas.

3.     La mejora de la eficiencia y el aprovechamiento de la actual red eléctrica, que, en muchos casos, se encuentra infrautilizada respecto a su capacidad (según el informe elaborado por el Electric Power Research Institute en 2010, la red española de 400 kV. estaba sobredimensionada en torno a un 189 % con respecto a los países de nuestro entorno).

4.     Que se estimule el ahorro energético, se incentive la instalación y el uso de energías alternativas y/o renovables, más racionales, y se descentralice la producción, con una planificación adecuada, incentivando, además, la generación distribuida y el autoconsumo, como vía para la independencia energética de personas y territorios.

5.     Que se someta a las empresas del sector eléctrico a una auditoría que permita conocer si existen malas prácticas encaminadas a multiplicar de manera ilegal o antiética sus beneficios.

6.     Que se apruebe una ley que imposibilite la práctica conocida popularmente como "puertas giratorias", impidiendo la connivencia o la subordinación del poder político a los intereses empresariales y asegurando, en todo caso, que las empresas del sector eléctrico tengan como principal fin el cumplimiento de su importante función pública y nunca el mero afán de lucro.

7. En los casos extremos, que se permita el desdoblamiento de líneas y el refuerzo de las existentes, con la realización previa de estudios sobre el efecto en la salud de las personas y el medio ambiente, realizados per empresas independientes y desvinculadas del sector eléctrico.

Véase el estudio:




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