Este permiso de investigación otorgado en 2010, debería de haber concluido en 2016. Si bien en la autorización no se habla explícitamente de la necesidad de proceder a la re-entrada en un sondeo ya ejecutado en los años 60, se ha realizado una vinculación directa entre ambas actuaciones.
A partir de esta decisión, recibida con alegría en la comarca y tal como refleja el documento que se somete ahora a trámite de audiencia, continuaron las gestiones entre la Dirección General de Energía y Minas. la empresa promotora y el Instituto Aragonés de Gestión ambiental de cara a continuar con la materialización del permiso de investigación.
La Directora General de aquel momento, Marina Sevilla Tello, se hizo famosa por la frase: "si Irán no renuncia a su petróleo, tampoco Aragón debe renunciar a su carbón" y, no parece, a tenor del documento base, que la gestión de su departamento fuera eficiente y eficaz en la del permiso de investigación de Centenera.
La Directora General de aquel momento, Marina Sevilla Tello, se hizo famosa por la frase: "si Irán no renuncia a su petróleo, tampoco Aragón debe renunciar a su carbón" y, no parece, a tenor del documento base, que la gestión de su departamento fuera eficiente y eficaz en la del permiso de investigación de Centenera.
En este blog hay bastante información sobre todo el proceso que parece que cuando lo creíamos dormir en el último cajón del archivador de la torpeza, ha despertado de su letargo precisamente cuando casi todo el país duerme la siesta del veraneo y nos encontramos con una Evaluación de Impacto ambiental que no integra nuestras propuestas y está muy lejos de constituir un análisis serio del impacto que una actuación como la que se solicita, representa en nuestro ecosistema.
Por nuestra parte le vamos a decir a la administración:
- Que la compleja y no siempre acertada descripción cronológica de las actuaciones que se detallan en el DOCUMENTO BASE que se propone a audiencia, presenta un número significativo de irregularidades que merecen su análisis.
Por nuestra parte le vamos a decir a la administración:
- Que la compleja y no siempre acertada descripción cronológica de las actuaciones que se detallan en el DOCUMENTO BASE que se propone a audiencia, presenta un número significativo de irregularidades que merecen su análisis.
- Que el documento que se somete
a audiencia no resuelve las consideraciones realizadas en el documento de
reparos presentado en fecha 16 de agosto de 2016 por cuanto no contempla o lo
hace de forma somera aspectos tan importantes como el tratamiento hidráulico,
la gestión de residuos o la catalogación de especies vegetales y animales.
- Que el INAGA debería
esforzarse especialmente en la comprobación de que la empresa promotora tuviera
por si misma, la capacidad financiera y técnica necesaria para acometer la
totalidad de proyecto que presenta. Es conocido el comportamiento especulativo
que empresas de este sector realizan en el proceso de solicitud de permisos en
la expectativa de que, con el tiempo surja la opción de venta de la
autorización administrativa.
- Que, en un ámbito de análisis
más amplio, el órgano garante de la gestión ambiental debería abogar por el diseño
territorial de mayor cohesión económica, natural y social. El territorio en que
se pretende la realización de este proceso extractivo esta profundamente
necesitado de una gestión de sus recursos agro-ganaderos y turísticos en
armonía con el medio natural.
- Que la DIA que se propone resulta un enunciado de intenciones, una mera compilación de información sin impacto reseñable en la toma de decisiones que en modo alguno responde a los requerimientos realizado por Ecologistas en Acción en sus escritos precedentes.
- Que la DIA que se propone resulta un enunciado de intenciones, una mera compilación de información sin impacto reseñable en la toma de decisiones que en modo alguno responde a los requerimientos realizado por Ecologistas en Acción en sus escritos precedentes.
Por todo ello volveremos a solicitar que se anule el ESTUDIO/DECLARACIÓN de Impacto Ambiental y en consecuencia que se de por concluida la autorización administrativa del proyecto por considerarlo inadecuado e insostenible tanto social como medioambientalmente.
