Este es el texto que aportamos desde aquí para que el Congreso Confederal de Ec. en Ac., que se reunirá en Lizarra (Estella), pueda realizar una resolución en contra de las Interconexiones con Francia a través de Autopistas Eléctricas.
MANIFIESTO
Ante las intenciones
del Gobierno español y de Red Eléctrica de España de
construir tres nuevas interconexiones eléctricas con Francia (LATs de 400 kV) a
través del Pirineo central, que esta empresa denomina Navarra/Euskadi-Burdeos,
Sabiñánigo-Marsillon y Monzón-Cazaril (antigua Aragón-Cazaril),
CONSIDERAMOS que los proyectos de nuevas líneas de
alta tensión suponen, en general:
1.
Un acto de premeditada
irresponsabilidad, visto el modelo de desarrollo insostenible actual y dado el
compromiso de organismos nacionales e internacionales de impulsar el ahorro
energético y el uso de energías alternativas y / o renovables, más eficientes y
racionales económica y ecológicamente.
2.
Una grave amenaza para la salud de
la población expuesta a los efectos nocivos derivados de los campos
electromagnéticos, demostrados por numerosos estudios científicos de reconocida
solvencia, por los informes de instituciones, tanto publicas, como privadas,
que muestran claros indicios de perjuicios sanitarios, y por la realidad actual
en muchos estados, que, preventivamente, en virtud del Principio de Precaución,
han regulado su impacto sobre la salud pública.
3.
Una agresión irreparable contra el
medio ambiente, tanto desde el punto de vista del impacto paisajístico, como
por sus graves afecciones sobre el ecosistema (impactos negativos sobre la
avifauna y la biodiversidad, erosión, deforestación, aumento de riesgo de
incendios forestales, etc.)
4.
Una gran pérdida económica, al
afectar negativamente a la calidad de vida, a la calidad medioambiental y al
paisaje (recursos determinantes del impulso turístico); a las actividades
agropecuarias y a los aprovechamientos forestales, e, incluso, al valor de las
propiedades que se ubican en la cercanía de dichas líneas.
5.
Una hipoteca a perpetuidad en el
uso del suelo, debido a los derechos que adquieren las compañías eléctricas,
como servidumbres de paso y reducción de otras actividades económicas.
6.
Un instrumento activo en la
nuclearización del planeta, ya que se precisan para el transporte de la energía
eléctrica procedente de centrales nucleares y promueven o favorecen su
construcción en países del tercer mundo o en vías de desarrollo (como se puede
deducir de los proyectos que persiguen un mercado único de la energía entre
Europa y África).
POR TODO ELLO, RECLAMAMOS:
1.
Una normativa de regulación de las
líneas de alta tensión existentes en todo el territorio, que ofrezca soluciones
reales a los efectos nocivos sobre la salud de las personas y el medio ambiente
de acuerdo con los criterios de la actual coyuntura europea.
2.
Una moratoria de 10 años contra la
construcción de nuevas líneas de alta tensión, durante la cual deberá
concretarse y aprobarse la nueva normativa sobre la construcción de líneas de
alta tensión, a fin de reordenar y optimizar el conjunto de la red, teniendo en
cuenta los criterios señalados de afección a la salud y al medio ambiento. En
este periodo habría que ejecutar, en particular, la retirada, desplazamiento o
solución técnica más adecuada para minimizar sus impactos, suprimiendo,
igualmente, las instalaciones de transformación existentes en zonas habitadas,
trasladándolas a otras ubicaciones, de forma que no representen ningún riesgo
para las personas.
3.
La mejora de la eficiencia y el
aprovechamiento de la actual red eléctrica, que, en muchos casos, se encuentra
infrautilizada respecto a su capacidad (según el informe elaborado por el Electric Power Research Institute en
2010, la red española de 400 kV. estaba sobredimensionada en torno a un 189 %
con respecto a los países de nuestro entorno).
4.
Que se estimule el ahorro
energético, se incentive la instalación y el uso de energías alternativas y/o
renovables, más racionales, y se descentralice la producción, con una
planificación adecuada, incentivando, además, la generación distribuida y el
autoconsumo, como vía para la independencia energética de personas y
territorios.
5.
Que se someta a las empresas del
sector eléctrico a una auditoría que permita conocer si existen malas prácticas
encaminadas a multiplicar de manera ilegal o antiética sus beneficios.
6.
Que se apruebe una ley que
imposibilite la práctica conocida popularmente como "puertas
giratorias", impidiendo la connivencia o la subordinación del poder
político a los intereses empresariales y asegurando, en todo caso, que las
empresas del sector eléctrico tengan como principal fin el cumplimiento de su
importante función pública y nunca el mero afán de lucro.
7. En los casos extremos, que se
permita el desdoblamiento de líneas y el refuerzo de las existentes, con la
realización previa de estudios sobre el efecto en la salud de las personas y el
medio ambiente, realizados per empresas independientes y desvinculadas del
sector eléctrico.
Véase el estudio:
