Aunque puede parecer que se trata de una propuesta para la ciudad de Zaragoza y su entorno, en realidad contempla todo el modelo del abastecimiento y saneamiento de Aragón al que nuestra comarca tampoco es extraña.
Los cuatro capítulos de este libro que deberíamos escribir entre todos los aragoneses son:
1.- TRAÍDA DE AGUA DEL PIRINEO A ZARAGOZA Y SU ENTORNO
El Agua en Alta, es decir de abastecimiento a la ciudad, se hace solapando dos sistemas: el tradicional del Canal Imperial, con aguas del Ebro Medio; y el nuevo sistema de aguas desde el Río Aragón, conducidas desde Yesa hasta el eje del Ebro a través de los canales de Bardenas. Este sistema se comparte con 46 municipios del eje del Ebro, Jalón, Huerva y Gállego.
Una pieza clave era el embalse de la Loteta que, con capacidad de 96 hm3 debía almacenar aguas de invierno del Canal (de calidad) y las aguas “sobrantes” del Pirineo derivadas del Aragón, sin interferir con los regadíos de Bardenas.
A pesar de que hace 10 años se advirtió públicamente de los problemas que podría suponer la ubicación de la Loteta en un territorio de yesos, la CHE desoyó e ignoró estos argumentos. Hoy una vez construida la presa y gastados casi 100 millones €, la CHE constata que la disolución masiva de sales y sulfatos en las aguas de la Loteta, la hacen inservible para regular los caudales de Zaragoza y su entorno.
Respecto al Recrecimiento de Yesa, afectado por graves problemas geotécnicos, el presupuesto ya se ha triplicado y nadie se atreve a hacer un pronóstico serio sobre el coste final de la obra si finalmente se llevara a cabo.
Las propuestas de la RAPA en este ámbito pueden sintetizarse en las siguientes:
1- Respecto a la regulación de los caudales del abastecimiento para Zaragoza
· Demandar una investigación sobre el fiasco de la Loteta y el gasto indebido de esos 100 M€ de dinero público invertido en la presa y obras de acompañamiento, como el camping de Gallur, en ruinas.
· Dada la importancia de la Loteta como pieza clave de regulación en el plan de abastecimiento suscrito en su día, Zaragoza debe denunciar los acuerdos vinculados a ese plan y proponer un nuevo acuerdo. En dicho acuerdo la CHE debe asegurar, en justa compensación, una regulación equivalente de 100 hm3, mediante embalses y balsas cercanas al eje del Ebro que permitan almacenar, sin degradarlos, caudales de invierno del Canal y caudales sobrantes del Aragón.
· Teniendo en cuenta que los costes del Recrecimiento de Yesa y de la Loteta supondrían cuando menos duplicar el actual coste pagado por Zaragoza, y que el citado Recrecimiento es innecesario para la ciudad, Zaragoza debe desvincularse del proyectado Recrecimiento.
· Debe de renegociarse el actual sistema tarifario de forma que se clarifiquen los costes que realmente son imputables a los vecinos y las subvenciones oscuras a otros usos e intereses que se elevan a más del 30% de lo pagado por los vecinos de Zaragoza.
· Debe revisarse la subvención encubierta e indiscriminada del uso urbano al regadío, basada en la práctica administrativa arbitraria que multiplica por cinco el canon y la tarifa de los usos urbanos; al tiempo que se debe promover un debate ciudadano para acordar formas transparentes de apoyo de la ciudad hacia la huerta y las producciones agrarias de cercanía, basadas en la explotación familiar y la producción de alimentos de calidad.
3- Respecto a las obras pendientes de adjudicación
· Debe denunciarse el sistema de ACUAES, en la medida que supone subvencionar la sinrazón de bombear agua, hasta 550 metros de desnivel equivalente, a municipios como La Almunia o Cariñena, en lugar de abastecerlos por gravedad, con los caudales de calidad que hay cercanos en el acuífero de la sierra de Águilas y en el alto Huerva.
4- Respecto a la empresa ACUAES
· Debe conformarse una nueva entidad pública dependiente de los ayuntamientos involucrados que garantice una gestión pública, transparente y participativa, rompiendo la perspectiva de privatización que se esconde tras esa organización estatal, lejana, opaca y ajena al control eficaz de la ciudadanía e incluso de los propios ayuntamientos.
2.- MODELO AUTONÓMICO PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
La aprobación de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón abre un nuevo marco regulatorio de la gestión de los recursos hídricos de Aragón.
RAPA ha denunciado en muchas ocasiones la deriva hacia la privatización de la gestión del agua en nuestra comunidad y ha puesto en evidencia las deficiencias y peligros del actual modelo basado en un organismo público opaco y controlado desde una determinada opción política. Por ello, consideramos imprescindible que:
1. Respecto la Ley de Ríos y Aguas de Aragón
· Modificar dicha norma para adaptar el modelo de gestión de los recuros hídricos de Aragón al control público y a la participación social, en un marco de corresponsabilidad solidaria de las diferentes administraciones con competencia en la materia.
· Revisar la regulación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas en los términos propuestos por RAPA.
2. Respecto al Instituto Aragonés del Agua
· En la medida que las competencias de Aragón en materia de aguas son esencialmente administrativas, deben ser asumidas por una Dirección General de Aguas, dotada de recursos materiales y personal especializado, evitando su “externalización” en una Entidad Pública como el IAA que, al carecer de control y fiscalización efectivos, se ha transformado en un ente autónomo y opaco en manos de una determinada opción política.
3. Respecto al papel de los municipios
· Basar la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua en los municipios, como administración competente, reservando una función subsidiaria para la administración autonómica y provincial.
· Reforzar la responsabilidad de los ayuntamientos en la planificación y gestión de los recursos naturales, colaborando activamente con la comunidad autónoma.
3.- ALTERNATIVAS AL PLAN DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ARAGÓN (PSDA)
A finales de los 90, provechando la alarma en muchos ayuntamientos por el anuncio de la nueva obligación legal de sanear los vertidos, la DGA ofreció implicarse en este reto planteado por la UE.
Desgraciadamente, en lugar de informar a los ayuntamientos y reforzar sus capacidades para gestionar sus servicios de agua y saneamiento, se promovió la cesión de competencias al Instituto Aragonés de Agua para pasar a privatizar el servicio, como primer paso en la privatización del agua en Aragón.
En el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón (PSDA), desde esta perspectiva de opaco negocio, se sobredimensionaron las instalaciones (7-10 veces mayores de lo necesario) y se vetaron las tecnologías de saneamiento extensivo, recomendadas por el CEDEX y demás instituciones nacionales e internacionales para municipios de menos de 3000 habitantes, encareciendo de forma inaceptable el Plan.
Reventada la burbuja inmobiliaria, colapsó también el citado Plan, dejando a decenas de pueblos (especialmente en el Pirineo), sin las depuradoras comprometidas, con los vecinos pagando buena parte del abusivo Canon de Saneamiento, hoy llamado Impuesto sobre la Contaminación del Agua (ICA), y con los Ayuntamientos pagando el máximo canon de vertido a la CHE, por no depurar (aunque ya no fuera su responsabilidad).
Por otro lado, el coste de 1,5 €/m3 depurado, que se pretende cobrar con el ICA, es diez veces mayor que el coste de análogos servicios en Navarra o Rioja, y 16 veces más caro que la depuradora de la Almozara.
Ante esta situación proponemos:
1. Respecto a la gestión económica y compromisos adquiridos con adjudicatarios
· Promover una Auditoría Económico-Financiera sobre la gestión del IAA que determine el estado financiero del Plan, que clarifique los costes asumidos y proyectados, que califique el grado de legitimidad y estado contractual y financiero de los convenios de cesión de competencias al IAA y de los contratos firmados con las empresas concesionarias, depurando en su caso las responsabilidades que hayan supuesto sobrecostes indebidos y compromisos ilegítimos.
2. Respecto a la cesión de competencias municipales al IAA
· Abrir un proceso de reelaboración del Plan con participación ciudadana, dando protagonismo a los ayuntamientos, en procesos comarcales y con el apoyo informativo y técnico de la DGA.
· Allá donde las competencias fueron cedidas, el servicio privatizado y la correspondiente depuradora en funcionamiento, se publicarán y se someterán a debate los respectivos convenios y contratos, y se constituirán las correspondientes comisiones de seguimiento y control
3. Respecto al Impuesto de Contaminación del Agua (ICA)
· El impuesto del ICA, una vez redimensionado, se redefinirá asumiendo como sujetos pasivos a los ayuntamientos, que pagarán el impuesto en proporción a los habitantes y al caudal usado, para luego cobrar a sus vecinos en función de su consumo, asumiendo su cuota de impuesto como un coste más del ciclo del agua en el municipio. Esto redundará en una drástica disminución de los costes de gestión del impuesto.
· La DGA quedará comprometida a redistribuir lo recaudado a nivel autonómico entre todos los municipios a través de convenios individuales que aseguren cubrir los costes del servicio y disponer de una parte del exceso recaudado para asegurar el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema. En los municipios con déficit, será la comunidad autónoma la que asegure la inversión necesaria.
· Con esta redistribución, más allá de cubrirse los costes de sus servicios de saneamiento, los ayuntamientos más eficientes cobrarán incentivos, aplicando criterios objetivos, sin posibilidad de otorgamiento de subvenciones discrecionales. Esto permitirá garantizar el principio de solidaridad a nivel de Aragón y al tiempo respetar y potenciar la autonomía local:
- Preservar el perfil de TASA municipal de agua y saneamiento, como forma de recuperar costes, pero sin posible lucro.
- Establecer tarifas con los criterios sociales que se consideren justos, y los incentivos y desincentivos que se crean pertinentes.
4.- MODELO DE GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN ZARAGOZA
Los servicios de abastecimiento y saneamiento, competencia del Ayuntamiento, adolecen de serios problemas de integración, haciéndose necesario un único órgano municipal que los gestione.
En la actualidad el Ayuntamiento gestiona el ciclo del agua desde múltiples áreas y departamentos; con al menos 5 tareas auxiliares bajo contratos de servicio; una encomienda de gestión del saneamiento a la empresa municipal Ecociudad Zaragoza (EZ), sobre la base de un contrato de servicio para la planta de la Cartuja por un plazo de 20 años ampliado hasta 2024, con la multinacional VEOLIA; y contratos de servicio por 2 años para otras funciones con DRACE y AQUALOGYC. Esta multiplicidad y dispersión de departamentos y contratos de servicio, que conlleva ineficiencias y sobrecostes, es difícilmente reversible en lo que se refiere al contrato de privatización de la Cartuja, pero es resoluble en todo lo demás.
Por otro lado, Zaragoza dispone de una experiencia de dos décadas en el contraste entre la opción privatizadora, aplicada con VEOLIA para la depuradora de La Cartuja, y la gestión pública de la depuradora de La Almozara. A pesar de ser ésta 12 veces menor, su coste por metro cúbico es la mitad de lo pagado a VEOLIA por la Cartuja: 0,09 €/m3 frente a 0,18 €/m3.
La opción adoptada hace dos años por el ayuntamiento para gestionar el saneamiento, a través de Ecociudad Zaragoza, ha demostrado ser una operación financiera para atender deudas del Ayuntamiento con financiación externa, que la ley de estabilidad presupuestaria impedía obtener de forma directa. Ello ha supuesto un sobrecoste en 2014 de 6,3 millones de euros, es decir un 28% más de lo que hubiera costado la gestión directa del ayuntamiento. Por otro lado, EZ ha mantenido como objeto social cualquier actuación urbanística en la ciudad, por lo que la mayor parte de sus inversiones, en concreto 2,6 M€, han sido ajenas al saneamiento.
Mientras tanto, las inversiones en las redes de abastecimiento y saneamiento desde el año 2009, cuando finalizó el “Plan de Mejora en la Calidad de la Gestión del Agua de Zaragoza” han sido prácticamente nulas, salvo las vinculadas a las obran de implantación de la línea nº 1 del tranvía. Asimismo, las plantillas se han ido viendo mermadas, puesto que se han ido eliminando sistemáticamente las múltiples vacantes generadas en los servicios afectados.
Por todo ello proponemos:
1. Respecto al modelo de gestión del ciclo integral del agua
· Crear un único órgano municipal que gestione las competencias de abastecimiento y saneamiento, garantizando una gestión integrada del ciclo, rescatando las competencias cedidas a Ecociudad Zaragoza y unificando funciones hoy dispersas en múltiples áreas, departamentos y servicios municipales. Dicho organismo deberá estar dotado con funcionarios municipales.
· Reservar para la gestión pública directa una serie de funciones que se consideran claves para el funcionamiento del ciclo integral del agua.
· Analizar las alternativas existentes para la gestión del ciclo integral del agua en el área metropolitana de Zaragoza, habida cuenta de que ya se está prestando servicio a 7 municipios del entorno.
· Deben hacerse realidad las medidas de transparencia y participación ciudadana previstas en el Compromiso firmado en Zaragoza, garantizando la presencia ciudadana en la junta de administración del órgano municipal de gestión del servicio; el establecimiento de indicadores significativos públicos de acceso libre; y fomentando las actividades formativas e informativas sobre el ciclo del agua.
2. Respecto a la sostenibilidad de los servicios
· Zaragoza se ha de dotar de medios materiales y humanos suficientes para la gestión del ciclo del agua, siempre bajo el principio de eficiencia.
· También ha de contemplar en sus presupuestos las inversiones necesarias para el mantenimiento y gestión de las redes; minimizar las pérdidas en las mismas; compensar las afecciones mediomabientales que la ciudad provoca; asegurar la correcta medición de consumos, promover planes de gestión de la demanda; y fomentar la investigación y la mejora de la gestión del ciclo integral del agua en las ciudades.
· Las tarifas del ciclo del agua han de ser tasas, con estructuras coherentes, que eviten la obtención de beneficios, pero que aseguren la recuperación de todos los costes en los que sea necesario incurrir para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios.
· En ningun caso las tarifas vigentes han de impedir el acceso de los ciudadanos a los servicios de abastecimiento y saneamiento por razones económicas. A tal efecto deberán establecerse los mecanismos que aseguren el cumplimiento del principio de “acceso universal al recurso”.
3. Respecto a la integración de Zaragoza en el Plan de Saneamiento de Aragón
· Se debe renegociar la entrada de Zaragoza en el futuro Plan de Saneamiento de Aragón, una vez auditado y reelaborado, sobre la base del nuevo modelo de impuesto sobre la contaminación de las aguas propuesto por RAPA, que debe considerar al Ayuntamiento como sujeto pasivo, permitiendo su integración en el modelo tarifario municipal vigente como un coste más.
· La reducción de costes del 34% que ha supuesto cerrar la amortización de la Cartuja permite disponer de un margen, de forma que, sin subir lo que hoy se paga, puede cubrirse el coste del actual servicio más una cuota de solidaridad en Aragón más una parte de las inversiones que el ciclo del agua requiere.
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