En la rueda de prensa celebrada ayer 28 de abril se ha puesto de manifiesto una vez más que el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón se basa en dos grande injusticias: de una parte, el secuestro por el Instituto Aragonés del Agua, gestionado desde su inicio por el PAR, de las competencias municipales en esta materia para privatizar la construcción y la gestión de las depuradoras, con total desprecio del principio de autonomía municipal; y de otra parte, el establecimiento de un impuesto abusivo e injusto (Impuesto sobre Contaminación de las Aguas, ICA) cuya gestión tributaria ahora se pretende privatizar.
Este impuesto no pone ningún tipo de límites a la presión fiscal a ejercer sobre la ciudadanía, ha favorecido que se magnificaran los planes de inversión, se sobredimensionaran las depuradoras a construir, y se optara por tecnologías mucho más costosas de las necesarias que disparan los costes de gestión y mantenimiento de las nuevas infraestructuras.
Así se explica que en pleno drama social de la crisis, en los últimos cinco años el ICA haya aumentado un 28%. Este año los aragoneses pagaremos en concepto de ICA más de 43,6 millones de euros.
Por si esto fuera poco, ante la resistencia y oposición a aplicar este abusivo impuesto de cada vez más municipios, el Instituto Aragonés del Agua opta ahora por arrogarse, por ley, esa competencia para privatizar su gestión, lo que a buen seguro tendrá graves consecuencias para la ciudadanía.
Por si esto fuera poco, ante la resistencia y oposición a aplicar este abusivo impuesto de cada vez más municipios, el Instituto Aragonés del Agua opta ahora por arrogarse, por ley, esa competencia para privatizar su gestión, lo que a buen seguro tendrá graves consecuencias para la ciudadanía.
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