Dada la facilidad con que llega a la opinión pública de la comarca el relato de una parte de los habitantes del valle de Castanesa, nos sentimos en la obligación de traer aquí la opinión de otra parte, seguramente menos poderosa y, desde luego peor relacionada con los medios de comunicación, más atentos a sus intereses empresariales que al oficio de informar.
Hay que valorar que en las dos noticias a que nos referimos, ha avanzado algo la percepción del concepto de oposición. El hecho de que no se considere mayoritaria, reconoce que existe y, por tanto es el apoyo a las obras de ampliación el que no se muestre tan unánime como hemos leído habitualmente.
Confunde el informante y consiente el informador, las ideas de propiedad particular y comunal que, salvo que algún juez diga lo contrario, tienen la misma cualidad. De las propiedades particulares efectivamente son 6 titulares los descontentos con el proceso de expropiación, pero de los del comunal son 31 y su reclamación es igualmente valida y merecedora de atención.
La afirmación del acuerdo alcanzado con los propietarios del comunal es intencionadamente vaga y desprecia la información disponible sobre las irregularidades en que ha incurrido el presidente de su Junta que suscribió un compromiso con ARAMON sin consultarlo a todos los propietarios con derechos.
El portavoz de la asociación que favorece la ampliación de la Estación de Esquí de Cerler y que manifiesta que las obras van a suponer.. la llegada de un turismo sostenible totalmente compatible con el uso actual, que generará economía en la zona, creación de nuevas empresas y puestos de empleo y, en definitiva, futuro para el valle.. realiza un lamentable ejercicio de simplificación argumental que ayuda poco a que los ribagorzanos tengan una información amplia.
Olvida explicar el informante y olvida preguntar el informador la situación real de las obras que se quieren desarrollar en los terrenos que ahora se pretenden expropiar por vía de urgencia. Lo cierto es que, en este momento esas obras no están definidas en absoluto y además se hace difícil de entender la necesidad de expropiación de unos terrenos privados para el desarrollo de una actividad también privada como es la explotación de una estación de esquí. Parecería más normal que un proceso expropiatorio acompañara una actuación de carácter público, como una carretera, por ejemplo. Esta incomodidad es fácilmente explicable si se observan las grandes diferencias en las cantidades percibidas por una parte de la población (que lógicamente apoya las obras) frente a quienes ahora en aras de un incierto desarrollo futuro se encuentran con la expropiación urgente de su propiedad a precio de derribo.
Tampoco nos ha explicado la prensa la misteriosa desaparición en todos sus artículos de la alcaldesa de Montanuy, hasta hace unos meses la mas activa declarante a favor del proyecto. Su desaparición coincidió con la denuncia de que era juez y parte, su familia tuvo y tiene negocios con Aramón. En este trabajo de desinformación también han desaparecido los otros dos concejales del equipo de gobierno, de los que no sabemos si están a favor o en contra, ni de cual es la postura pública del Ayuntamiento. Para poder desaparecer sin menoscabo han pasado la vergonzante subcontrata a un aranés, presidente de una asociación con unos meses de vida y creada a instancias del ayuntamiento para el torcido propósito de no dar la cara.
Así mismo, olvidan informante e informador y con ello parecen pretender que los ribagorzanos ignoren, que se está pendiente de la modificación del Plan de Interés General para Aragón (PIGA) que debería contar con una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En este sentido, partiendo de la base de que la DIA se dictaminó en 2010, no es raro conjeturar que una nueva, debería contemplar nuevos condicionantes relacionados con el cambio climático.
Evitan tanto uno como otro, la realidad del procedimiento de expropiación que parecería lógico siguiera su tramite en el Departamento de Vertebración del Territorio, mientras que ha sido el de Economía el que ha llevado el acuerdo al Consejo de Gobierno. Nadie considera tampoco la anomalía que supone que si el PIGA se aprobó sin declaración de urgencia, se recurra en este momento a la urgencia de la expropiación. Parecería más bien que la urgencia puede venir de intereses externos al valle de Castanesa que, por necesidades empresariales o contables, necesitan presentarse ante la opinión pública con una liquidez y credibilidad más que dudosa.
Tampoco parece que nadie vaya a hacer llegar a los vecinos de Ribagorza las acciones y reacciones de los partidos políticos del cuatripartito del Gobierno Aragonés. A estas alturas, desde que se han retomado las obras de ampliación, si alguien preguntara a los protagonistas de esta “feria de las vanidades” tendría una buena trama de documentos, afirmaciones y desmentidos. Todo un ejercicio de cómo mantenerse fiel a las ideas manifestadas y al mismo tiempo permanecer inactivos cuando, con un simple acto administrativo de un Secretario General Técnico, se podría evitar que las irregularidades se conviertan en costumbre y que la arbitrariedad y los intereses de una minoría prevalezcan ante el interés común .
Estamos seguros que un informante bien informado podría atisbar la necesidad de que exista finalmente una instalación de esquí que justifique un desarrollo urbanístico en el que un grupo significativo de los vecinos de la zona han arriesgado sus capital y hacen cuanto esta en su mano para que la operación especulativa les depare los beneficios esperados. De igual modo, y ya desde un análisis social y político, es interesante la curiosa aplicación de las leyes de Mendel del socialismo aragonés que parecen vaticinar que una alcaldesa camine hacia la presidencia de la comarca sustituyendo al próximo responsable de la Diputación Provincial que parece ser el órgano de poder previo al Gobierno Aragonés y quien sabe si, andando el tiempo, hasta el Senado de las Españas.
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