El tradicional enfrentamiento entre el movimiento
ecologista y el poder económico-político establecido, continúa en su capítulo
del valle de Castanesa.
De un lado, aquel usa las armas de que dispone
para proyectar su modelo de vida y explotación racional y respetuosa del
territorio. Para ello se usan las redes sociales y los tribunales de justicia,
no sin antes intentar sensibilizar a los grupos políticos del arco
parlamentario. Todo ello con alguna que otra charla-debate y la concentración
oportuna con sus oportunas pancartas, como forma de visibilizar sus ideas en un
territorio cuyos habitantes consumen con escasa capacidad de crítica el relato
social de la oligarquía comarcal.
Del lado de quienes se sienten “legitimados” por
razón de nacimiento y tradición a decidir cómo se deben hacer las cosas, se
usan parecidas estrategias, incluidas las concentraciones más o menos
mayoritarias, a las que acuden alcaldes próximos y representaciones de todos
los partidos a los que auspicia la misma oligarquía.
Los ecologistas apelarán a la sinrazón que supone
el hecho de que apoye la postura de los “legitimados” un alcalde, como el de
Pont de Suert nacido en Denuy, casado en Noales y convertido al independentismo.
No parece muy coherente apoyar las reivindicaciones para mantener abiertos los
hoteles de Boí-Taüll en base al desarrollo de la Ribagorza Catalana y a la
semana siguiente, rogar a los dioses de la política y el socialismo que se abra
la estación de Cerler por Castanesa. Parecería más razonable que se buscaran
estrategias comunes entre ambas CC.AA de desarrollo territorial antes que
favorecer una competencia entre dos instalaciones cercanas y deficitarias que en última
instancia solo beneficiará a alguna empresa.
En contrapartida, no faltará quien acuse a los
ecologistas de negar el derecho al desarrollo de los pueblos pequeños y se
enfatizarán las penalidades de la “España Vaciada”, la nueva muletilla con la
que los “legitimados” maquillan sus 40 años de gestión vaciadora.
Los ecologistas hablarán de cambio climático y se
preguntarán de donde se piensa sacar el agua para la innivación artificial de lo
que tampoco la Confederación Hidrográfica del Ebro parece tener conocimiento.
La respuesta a este argumento puede ir en forma
de acusación de innecesario alarmismo y a lo mejor se mete en el guiso al lobo
y al oso como metáfora de que “los de fuera” vienen a alterar la paz en estos
bellos valles.
Es posible que los ecologistas pasen la factura
de lo que nos habríamos ahorrado los españoles si se hubiera aplicado el
principio de cautela en algunos casos tan llamativos como el Mar Menor de la
lejana Murcia o el lindano del cercano Gállego. En ambos casos hubo voces
ecologistas, calificadas por sus conciudadanos de retrógradas y negadoras del
progreso, que de haberse escuchado habrían evitado dos catástrofes
medioambientales y un tremendo desembolso de dinero público que se podría haber
empleado en mejores objetivos.
En este trastorno bipolar que parece aquejar a la
población de los cauces altos del Esera y el Noguera Ribagorza crecen otras
pandemias como los intereses de los clanes de aquí y los de empresas con sede
en Madrid, hundidas y reflotadas que quieren especular aquí y disfrutar de sus
beneficios allende los mares.
En toda esta turbamulta de intereses, tópicos,
tradiciones e innovaciones, alguien debería apostar por la racionalidad y el
respeto hacia la legislación y hacia la propia naturaleza. Ese mismo alguien
debería modular los legítimos intereses empresariales con los, igualmente
legítimos de quienes creen que el desarrollo del medio rural es mucho más
amplio que la compra-venta del suelo y las recalificaciones de terrenos. Tal
vez el “alguien” aragonés debería colaborar con otros “alguien” de cataluña y
pensar un modelo colaborativo y evitar una burda competencia que como todo río
revuelto solo genera peces para muy pocos pescadores.
No debía ser de recibo para nadie de uno y otro
lado, los incumplimientos que se están tolerando: comenzadas las obras desde el
collado de Basibé, no se tiene la menor información
sustancial del proyecto, a estas alturas no se sabe si la Consejería de
Vertebración del Territorio ha aprobado el cambio de promotor ni si ha aprobado el
escueto plan de obras. No se conocen, porque no se facilitan, los estudios de
fauna y flora y si han presentado o piensan presentar las necesarias
modificaciones del PIGA porque las obras
que se van a hacer tienen poco que ver con el Proyecto de Interés General para
Aragón que se aprobó. Por no saber no se sabe ni de donde se va a sacar el
dinero.
Con la cercana experiencia de las
pistas de la Vall Fosca y las vicisitudes por la que atraviesa la vecina
Boí-Taüll desde hace 10 años, todos los agentes que participan en este, ya largo proceso, debería
ser mucho más exigentes.
Si los sectores sociales y económicos
responsables de la Estación de Cerler consideran que se debe ampliar el dominio
esquiable, se debería redactar un proyecto concreto, bien definido y
argumentado, con sus estudios nivológicos y sus balances coste-beneficio. Se
debería someter a una verdadera información pública y se deberían cumplir los
condicionantes legales y medioambientales que la normativa exige como garantía
de que el bien común no sea subsidiario del interés de ninguna empresa ni grupo
de presión de aquí o de allá.
Las cuencas altas del Esera y el Noguera
Ribagorzana tienen todo el derecho a un desarrollo endógeno en el que el aspecto
económico, por importante, no lo es más que el desarrollo integral del
colectivo en el ámbito social, político, natural y también cultural. De igual
forma el resto de aragoneses tienen el mismo derecho a conocer como se invierte
cada euro del presupuesto de su Comunidad, a conocer y a valorar el modelo de
desarrollo con que se pretende gestionar el patrimonio natural del que solo deberíamos
sentirnos temporales administradores.
