La petición de la empresa “Gestión de Infraestructuras Civiles S.A.” de una Planta Fotovoltaica ("Las Ventas 1" de 2,45 Mw/2,882) en el término municipal de Graus, ha motivado la presentación de escrito de alegaciones ante Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca.
Como preámbulo al resto de observaciones a este proyecto hemos manifestado el apoyo a la solar como energía limpia y renovable de bajo impacto ambiental. Es necesario señalar que su bajo coste y facilidad de instalación resulta clave para la democratización de la producción energética renovable y que una planificación, regulación y control adecuados son los que deben evitar los movimientos especulativos en el sector.
El dimensionamiento de todo proyecto fotovoltaico debería
ser proporcional al consumo energético cercano. Un dimensionamiento que debe
ser acorde a la importante reducción de consumos energéticos netos y no solo
centrarse en la sustitución tecnológica del inasumible consumo energético
actual.
NADA EN EXCESO |
Este sobredimensionamiento no contempla que un sistema eléctrico sostenible y eficiente debería estar basado en un conjunto equilibrado de tecnologías de generación renovable, junto con sistemas de almacenamiento adecuados y sistemas de previsión y gestión de la demanda, que sean capaces de adaptar generación y demanda en función de las condiciones climatológicas de cada momento.
Frente a esta nueva burbuja señalamos que la generación
propuesta de fotovoltaica en el informe de Ecologistas en Acción para 2050 es
de 71.664 GWh anuales, repartidos entre instalaciones de autoconsumo y pequeñas
y medianas instalaciones. La potencia instalada necesaria para dicha generación
sería entre 45.000 MW y 60.000 MW.
Por ello, dado el actual desarrollo de la red de distribución eléctrica una planificación adecuada debería considerar la plena utilización de la red existente, evitando construir nuevos tendidos eléctricos, especialmente de alta tensión.
En este momento nos
encontramos en un punto de inflexión de la energía fotovoltaica en España en el
que se requiere la intervención de las administraciones para evitar burbujas
especulativas, para orientar su distribución ordenada y corregir impactos
ambientales.
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