viernes, 11 de septiembre de 2020

LA CADENA HUMANA DE LA PDMA RODEA LA SEDE DE IBERCAJA

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) ha realizado un acto público ayer, 10 de septiembre, con el objetivo de reclamar la cancelación del proyecto de construcción de una estación de esquí en el valle pirenaico de Castanesa.
El acto ha consistido en una cadena humana alrededor de la sede central de IBERCAJA en Zaragoza.
El banco IBERCAJAposee el 50% de la empresa ARAMON. Con esta iniciativa la PDMA quiere dirigirse a la entidad bancaria para pedirle que medite sobre el impacto y viabilidad financiera de este proyecto y que reconsidere su apoyo al mismo.
La PDMA siempre ha contemplado positivamente los planes de mejora y adaptación de las estaciones de esquí aragonesas a la incuestionable realidad del cambio climático.
El informe Cambio Climático en el Pirineo, promovido por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, prevé que, de aquí a mediados de siglo, el Pirineo Central perderá el 50% de su nieve, en cotas de 1.800 metros; mientras que por debajo será del 80%. Tener en cuenta ese futuro y adaptarse es imprescindible. Pero el proyecto de Castanesa no persigue esa adaptación, sino más bien el regreso al, más que incierto, negocio de la construcción de apartamentos.
La ampliación de una estación de esquí en una zona de baja innivación es una apuesta temeraria. Como consecuencia del cambio climático, en temporada de esquí, hemos pasado del 5% de días con insuficiente nieve al 70%, en pistas de cota baja; y del 4% al 20% en cotas altas. Además, ello influye también en la fabricación de nieve artificial, cada vez más costosa energética, económica y ambientalmente hasta hacerla totalmente inviable en esta zona que por, si fuera poco, tiene escasez de agua. 
Añadido al impacto que las obras tendrán en el valle, este proyecto supondrá un impacto igual de grave: la desviación de importantes fondos públicos para la realización de las infraestructuras que un proyecto así necesita, en un momento crítico por la crisis generada por el COVID 19.

Es público y conocido que la pretendida viabilidad de semejante aventura se apoyaba y se apoya en una desmedida operación inmobiliaria, que llevó a comprar terrenos, por valor de 22 millones, bajo el compromiso previo de recalificarlos en el correspondiente Plan Urbanístico para construir unas 5.000 viviendas, de las que 2.500 quedarían en terrenos de ARAMON. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló el Plan, fallo que posteriormente el Tribunal Supremo confirmó e invalidó dicho plan urbanístico. 

No repitamos las torpezas iniciando un camino sembrado de incógnitas financieras y fuertes inversiones temerarias a costa del erario público aragonés. Esto nos plantea preguntas que antes de iniciar cualquier trabajo en la zona, tendrían que haber sido respondidas:
¿Qué viabilidad climatológica tiene el proyecto?
¿Quién pagará las obras de construcción de la estación?
¿Qué impacto tendrá sobre el paisaje?
¿Quién pagará las infraestructuras imprescindibles para poner en marcha la estación y el acceso y servicios de las nuevas urbanizaciones?
¿Qué garantía hay de encontrar mercado para la venta de dichos miles de apartamentos?

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