De entrada, parece evidente que la
aceptación que las obras de ampliación generan en el valle, no es tan unánime
como sus promotores pretenden hacer creer a la opinión pública. Parece, también
evidente que la imagen de sus habitantes, como alguno de esos que saca la TV representando
el papel del pobre que necesita las pistas de esquí para alimentar el fuego de
su vieja cocina, también es una fantasía y que buena parte de esos habitantes
no se sienten especialmente bien tratados cuando algunos “selectos” han hecho
el negocio del siglo mientras ellos van a ser expropiados sin mayores
contemplaciones.
No es nada raro que los expropiados
sientan que lo suyo no es una expropiación cualquiera. Lo normal es que se
recurra a la expropiación forzosa cuando es precisa la ejecución de una obra
pública que repercuta en el bien común y este no parece el caso, sobre todo
teniendo en cuenta la asimetría/injusticia del reparto del beneficio del
proceso de adquisición de terrenos que conocemos.
A estas alturas de este largo partido lo
que sí parece claro es que las decisiones de ARAMON están siendo determinadas
por las de los opositores a las obras. Por eso el recurso
contencioso-administrativo de que hablamos en la anterior entrada ha sido
respondido por la solicitud de la mercantil Fomento y Desarrollo del Valle de
Benasque para que se declare la ocupación urgente de los bienes y derechos
afectado para le ejecución de las obras. Esta petición, que ha sido dirigida al
Departamento de Economía Planificación y Empleo, libera al de Vertebración del Territorio
Movilidad y Vivienda de la responsabilidad de que, en base a las actuaciones y
consideraciones que ya había realizado, pudiera denegar de oficio la urgencia
de esta expropiación. Con mucha probabilidad hubiera bastado un informe de los
servicios jurídicos del G.A. para garantizar la continuidad del expediente hasta
que se resolviera el contencioso y eso no habría permitido a las maquinas
volver por primavera a las laderas de Basibé.
A estas alturas y pese a que no ha sido
publicado aun en el BOA, sabemos que el Consejo de Gobierno del pasado 5 de mayo ha declarado la
ocupación urgente de los bienes y derechos por la expropiación necesaria para
la realización de las obras.
Creemos que queda demostrado que las
presiones del PSOE de Huesca/Bonansa sobre el de Zaragoza/Ejea ha hecho que la deseable
paz del polifacético Gobierno de Aragón recomiende que la consejería que
gestiona CHA se haga a un lado manteniendo la ficción de oposición teórica,
pero sin impedir la materialización del procedimiento de urgencia. En el
lenguaje vulgar se llama “ponerse de canto” o también nadar y guardar la ropa
para que todos salgan airosos. PODEMOS ya ha hecho algo parecido con el ICA en
Zaragoza y ahora le toca a Chunta Aragonesista asumir el coste de estar en el
gobierno. Con un adecuado maquillaje oratorio convenientemente cuatripartito,
cada cual podrá, o al menos intentará, convencer, a su electorado de que se
mantienen fieles a sus principios.
Queda demostrada con esta estrategia la evidente
connivencia entre los promotores de la ampliación y los gobernantes aragoneses
que comparten sillones en ambos consejos, el del G.A. y el de ARAMON.
En este estado de cosas, lógicamente
desde la Plataforma en Defensa de las Montañas se recurrirá el procedimiento de
urgencia y a partir de ahí deberán ser los jueces quienes deberán entrar en el
reparto de esta tragicomedia tal como hicieron cuando se anuló el Plan General
de Ordenación Urbana que avalaba el pelotazo urbanístico de los habitantes
selectos del valle con la bendición de IBERCAJA.
El siguiente episodio será difícil de
vaticinar. Puede que las razones legales para que la expropiación no continúe
tengan suficiente peso como para convencer a la sala de lo contencioso, puede
que las depauperadas arcas de ARAMON no permitan más obras o, por el contrario,
puede que llegue dinero a espuertas de los fondos europeos de recuperación,
puede que los jueces atiendan la demanda sin imponer una fianza como aval a las
medidas cautelares o puede que esa fianza sea de tal cuantía que haga imposible
la paralización de las obras.
Mientras todo eso pase, además de hacerse
viejos todos los agentes de este despropósito, parece que la administración
seguirá dejando de lado la emergencia climática, la transición energética y
toda la realidad post-covid de la que nadie sabe como va a quedar la sociedad
española en general y ribagorzana en particular.
Lo que si que parece quedar claro es que
hoy como siempre, se tiene la sensación de que los intereses de una pequeña parte
de la sociedad pesan mucho más que el bien común y que todo el aparato de las
administraciones son la herramienta de la oligarquía para perpetuar su
permanente beneficio. En este, como en otros casos, la política de hechos
consumados nos puede llevar a consolidar una ilegalidad gestionada por un grupo
empresarial arruinado en un territorio maltratado medioambiental y socialmente.
