martes, 11 de mayo de 2021

CASTANESA. RECURSO CONTRA LA EXPROPIACIÓN

Treinta y un propietarios de terrenos en el valle de Castanesa han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejero de Vertebración del Territorio sobre el procedimiento de expropiación que les privará de sus bienes y derechos para la construcción de la estación de esquí que ampliará la de Cerler hacia este valle.

También las asociaciones Naturaleza Rural, que agrupa a vecinos y propietarios de Castanesa y Ecologistas en Acción, han interpuesto sus propios recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Ecologistas en Acción actúa motivada por la defensa del medio natural y en solidaridad con los vecinos demandantes.

Con fecha de 11 de marzo de 2021, la letrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA emitió el Decreto de admisión a trámite de la demanda y el reconocimiento de legitimidad como demandantes de los treinta y un propietarios y de las dos Asociaciones citadas, uniéndolas en una sola causa.

Con esta actuación queda desmontado el falso argumento esgrimido de forma insistente y reiterada por parte del Ayuntamiento de Montanuy y del holding de la nieve, de que la única oposición al proyecto procedía de elementos ajenos al valle y al vecindario. Este pobre y trasnochado argumento pierde su validez si consideramos el origen foráneo de los promotores de las obras, los usuarios de la potencial estación de esquí y de los compradores de las viviendas de las promociones urbanísticas que las acompañarían.

El descontento y la fractura social que Aramón ha causado en el valle, tiene su origen en que a unas familias privilegiadas se les ha enriquecido con la compra de parcelas rústicas a unos precios desorbitados mientras que a los propietarios de los terrenos de la montaña, que es donde se va a generar la actividad del esquí, supuesto motor del desarrollo, se les pretende expropiar a míseros precios de valoración catastral.

Las diferencias de valoraciones de las fincas a expropiar, entre lo expresado en el proyecto en el que se basa el PIGA y lo ofertado a los propietarios ascienden a varios millones de euros. Estas diferencias se fundamentan en una supuesta modificación del proyecto, anunciada por la presidenta de Aramón y por varios miembros del Gobierno de Aragón y de la que no se conocen documentos, tramitaciones o cualquier otra causa que le diera un fundamento legal. En ningún caso se puede admitir la expropiación, independientemente del precio ofertado y más aún teniendo en cuenta que se expropia a legítimos propietarios en beneficio de una empresa mercantil que impone la actividad del esquí con fines lucrativos.

Confiamos en que la justicia se imponga con adecuado criterio respecto a las confusas resoluciones de la administración, así como sobre las actuaciones llevadas a cabo por la mercantil Aramón.