En la práctica administrativa cotidiana municipal hay
trámites de apariencia nimios que pueden resultar trascendentes con el paso del
tiempo.
El planeamiento urbano es la herramienta con que un ayuntamiento
se dota para definir y limitar el tipo de instalaciones que quiere para sus
vecinos y las que decide dificultar. Por eso son los Planes Generales de
Ordenación Urbana una herramienta eficaz a la hora de hacer efectivo el control
sobre las instalaciones ganaderas.
En este momento está sometido a información pública un cambio en el PGOU de La Puebla de Castro que se podría entender como banal si no fuera
porque de su aprobación no solo depende que OTRA gran instalación ganadera incremente
la nómina del porcino comarcal, sino que además de la simplificación en las categorías
de suelo se puede derivar una pérdida importante de biodiversidad y una limitación
en los usos agrícolas.
En el caso que nos ocupa, además el procedimiento que se
somete a información pública es una anomalía por cuanto en agosto ya se sometió
al proceso de información pública el proyecto y estudio de impacto ambiental de
ampliación de la misma explotación porcina de multiplicación de razas puras o
híbridas. Además de la “originalidad” de realizar la publicación en los dos
casos en periodo vacacional, destaca el hecho de que se pueda aprobar un
proyecto del que todavía no se tiene seguridad de que el suelo sobre el que se
va a construir sea el adecuado.
Desde este blog creemos que el ámbito de la evaluación
ambiental no se debe circunscribir al perímetro físico de la zona concreta en
donde se pretende actuar, sino que se debería contemplar una zona amplia que
incluyera también los términos municipales limítrofes. El hecho de que el
proyecto se encuentre en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrícola debería despertar en los ayuntamientos afectados la cautela
suficiente para paliar esta situación.
Estamos convencidos que quien redactó el planeamiento urbano
en su momento determino una clasificación de suelo adecuada a la realidad
socioeconómica del entorno y así ha funcionado hasta la fecha. El documento
posibilitó la instalación de la explotación ganadera actual que, por cierto, todavía
debería corregir alguna irregularidad. Por tanto, la variedad de usos del
terreno, incluido el de monte como valor medioambiental es un valor que no se
debería cambiar por una nueva instalación que ya anuncia su intención de
realizar una tercera ampliación en el futuro.
Resulta difícilmente justificable que, para la propuesta de
alternativas y la selección de estas, se haya utilizado como criterio, además
del económico, el de la protección del medioambiente. Es sobradamente conocido
que la garantía de la protección medioambiental viene de la mano del respeto a
la biodiversidad vegetal y animal y esto es difícilmente sostenible en una
situación de crecimiento desproporcionado de un sector, como el porcino, que
aún está muy lejos de resolver las causas de sus afecciones al medio natural.
Las explotaciones ganaderas intensivas, en este momento
generan graves riesgos para la salud pública, el medio ambiente y también para
la vida de los habitantes del mundo rural. En tanto el sector no asuma como
costes de producción los del tratamiento de sus residuos, estaremos apoyando
una industria contaminante y tendrá que ser, como casi siempre, el dinero
público el que tenga que poner las medidas para paliar una situación que día a
días se hace insostenible.
Este grupo ecologista apoya la petición que desde la
Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial se está impulsando al Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico para el establecimiento de una moratoria a la
instalación y ampliación de explotaciones ganaderas intensivas.
Para terminar, queremos manifestar nuestro respeto hacia los agricultores
y ganaderos. Aun a sabiendas de que sus calificativos puedan ser “poco afectuosos”
hacia el mundo ecologista, creemos que también ellos comprenden la necesidad de
tener un medio natural en buen estado en donde el acceso al suelo y al agua no
se vea limitado por más interés que no se el común.
